La reciente información entregada por la Dirección del Trabajo (DT) con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil nos confirma que la fiscalización es fundamental para garantizar derechos.

Desde 2020, la DT ha aplicado 1.049 sanciones en 2.215 fiscalizaciones relacionadas con trabajo infantil y adolescente protegido, lo que demuestra que las infracciones siguen siendo una realidad preocupante. Las multas totalizan más de $3.792 millones, una cifra que refleja la gravedad del problema y la necesidad de mantener controles estrictos.

Las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y O’Higgins encabezan este ranking de sanciones, lo que nos indica dónde debemos intensificar nuestros esfuerzos de vigilancia y denuncia. Como organización sindical, sabemos que detrás de cada sanción hay menores que podrían estar siendo vulnerados en sus derechos fundamentales.

Recordamos que la legislación chilena permite el trabajo adolescente protegido únicamente para jóvenes entre 15 y 18 años, con estrictos requisitos: autorización notarial de tutores legales, máximo 30 horas semanales, continuidad en estudios de enseñanza media o básica, y prohibición absoluta de tareas que pongan en riesgo su salud física o psíquica.

Nos preocupa especialmente que el 74,7% de las fiscalizaciones se concentren en programas proactivos como el trabajo agrícola de temporada, sector donde tradicionalmente hemos observado mayor vulnerabilidad laboral. Las sanciones pueden alcanzar hasta $92.859.750, montos que se duplican para empleadores reincidentes.

Mantenemos nuestro compromiso con la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2015-2025, exigiendo que niños, niñas y adolescentes crezcan seguros, estudien y se desarrollen plenamente, sin que el trabajo interfiera en su desarrollo integral.

En SINTIK, creemos que la protección de nuestros menores es una responsabilidad colectiva que trasciende los límites empresariales.