Se ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca revolucionar el sistema de subsidios laborales en Chile, unificando los múltiples programas existentes en una sola política integral. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la forma como el Estado apoya la inserción laboral formal.
Los programas actuales que se unifican
Actualmente operan dos subsidios principales que serán reemplazados por el nuevo sistema. El Subsidio al Empleo Joven beneficia a trabajadores de 18 a 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, entregando un aporte monetario anual que complementa sus ingresos laborales. Por su parte, el Bono al Trabajo de la Mujer está dirigido a mujeres de 25 a 59 años del 40% más vulnerable, que trabajen de manera dependiente o independiente, con una duración máxima de cuatro años continuos.
Ambos programas han mostrado limitaciones en términos de montos insuficientes y procesos administrativos complejos, lo que justifica la necesidad de unificación.
¿Qué es el subsidio unificado al empleo?
El nuevo sistema nos enfoca en cuatro grupos específicos:
- Jóvenes entre 18 y 24 años
- Mujeres entre 25 y 54 años
- Personas mayores entre 55 y 64 años
- Personas con discapacidad hasta 64 años
Este nuevo sistema, propone un aporte monetario para trabajadores y empresas de hasta un 20% de la remuneración bruta mensual de cada uno , sumando ambos un 30%. Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos: una renta bruta mensual inferior o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales ($529.000.-), pertenecer a uno de los grupos prioritarios definidos por la ley, acreditar al menos seis meses de desempleo continuos en los últimos 18 meses , y estar entre el 40% y 60% del nivel de vulnerabilidad socioeconómica, con la excepción de las personas con discapacidad.
El Subsidio Unificado al Empleo es un aporte monetario que beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Sin embargo, no es un único monto, sino que está dividido en dos partes:
- Un aporte para el trabajador: cuyo objetivo es incentivar la búsqueda y la formalización del empleo.
- Un aporte para la empresa: Para las empresas, el objetivo es motivar la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras.
Si bien cada uno de estos aportes puede llegar a un máximo del 20% de la remuneración bruta mensual, la suma total de ambos nunca superará el 30%; los porcentajes exactos, que variarán entre el 10% y el 20% para cada parte, se definirán cada año. Para ponerlo en un ejemplo práctico, consideremos a un trabajador que gana un sueldo bruto de $500.000. El proyecto de ley propone un aporte total del 30% sobre esa remuneración, dividido entre el trabajador y la empresa. Por lo tanto:
- Salario Bruto del Trabajador: $500.000
- Aporte Total del Subsidio (30%): $150.000
Este monto de $150.000 se repartiría de la siguiente manera, dependiendo de los porcentajes que se definan anualmente:
- Aporte al Trabajador: Si se establece, por ejemplo, en un 15%, el trabajador recibiría $75.000 adicionales. Esto es un ingreso directo que busca fomentar la formalidad.
- Aporte a la Empresa: Para la empresa, el porcentaje restante sería un 15%, lo que se traduciría en una ayuda de $75.000. Este monto se usaría para cubrir parte de los costos de contratación de dicha trabajadora o trabajador, incentivando así la creación de empleo.
En este caso, la suma de ambos aportes ($75.000 + $75.000) llega exactamente al 30% del sueldo bruto ($150.000), cumpliendo con lo estipulado en la ley. Esto demuestra cómo el subsidio funciona como un incentivo compartido para fomentar tanto la búsqueda de empleo formal como la contratación.
Ventajas del nuevo sistema
La unificación trae varios beneficios importantes. Primero, se elimina la duplicidad actual donde una persona puede acceder a múltiples subsidios simultáneamente. Segundo, simplifica los procesos administrativos a través de la Ventanilla Única Social. Tercero, introduce flexibilidad para que el sistema se adapte anualmente según las necesidades del mercado laboral.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) será el encargado de administrar todo el sistema, mientras que la Superintendencia de Seguridad Social mantendrá la supervisión. Esta centralización promete mayor eficiencia en la gestión.
Las empresas tendrán un límite máximo de 200 beneficiarios, priorizando a personas con discapacidad. Además, se establecen sanciones estrictas para quienes cometan fraudes, incluyendo penalidades del Código Penal.
Proceso de implementación
La ley entrará en vigencia siete meses después de su publicación, tiempo necesario para dictar reglamentos y operativizar el sistema. Actualmente, el proyecto de Ley se encuentra en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, Durante el primer año, los porcentajes serán fijos: 20% para empresas y 10% para trabajadores.
Esta reforma representa una oportunidad significativa para modernizar políticas de empleo y hacerlas más efectivas en la promoción del trabajo formal y decente. En SINTIK seguimos de cerca este proceso legislativo, y les mantenemos informados de la actualidad laboral.
